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Justicia

Informe revela retrasos significativos en la resolución de expedientes judiciales dominicanos

Un estudio conjunto de la Escuela Nacional de la Judicatura y la ANJE indica que más de la mitad de los casos legales evaluados superan los tiempos establecidos por la ley.

Foto: De Último Minuto

Una investigación sobre el funcionamiento del sistema de justicia en la República Dominicana ha determinado que el 57.94 % de los expedientes analizados concluyó después del periodo de tiempo legalmente permitido. El análisis, titulado "Análisis económico de la justicia: impacto sobre la inversión y el desarrollo en la República Dominicana", fue elaborado por la Escuela Nacional de la Judicatura y la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), bajo la coordinación del investigador Rolando M. Guzmán.

El informe se basó en el estudio de 769,823 asuntos judiciales tramitados entre enero de 2025 y junio de 2026. Según los resultados, los retrasos en los tribunales impactan de manera directa en las finanzas de las partes involucradas, quienes deben enfrentar gastos adicionales derivados de la extensión de los procesos legales, tales como honorarios profesionales y trámites administrativos. De acuerdo con datos complementarios, los usuarios reportaron un gasto promedio de RD$64,888 en concepto de representación legal durante la duración de sus casos.

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La investigación destaca que la prolongación de estos conflictos genera una incertidumbre que puede afectar la capacidad de los ciudadanos y las empresas para planificar sus operaciones. Esta situación, según los autores, conlleva una pérdida de ingresos y dificulta la ejecución de inversiones, al mantener recursos comprometidos en controversias que permanecen abiertas más tiempo de lo previsto.

El documento subraya la relevancia de estos hallazgos para comprender cómo la eficiencia del sistema judicial se vincula con el desempeño económico del país. Aunque el informe detalla el impacto financiero y los porcentajes de mora judicial, el reporte no especifica las causas particulares ni el tipo de jurisdicciones donde se registran los mayores retrasos.