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Política

Debates políticos marcan la agenda del fin de semana

Tanto la Fuerza del Pueblo como sectores internos del PRM han expresado críticas sobre el manejo de la gestión pública y las proyecciones electorales.

Foto: El Nuevo Diario

El escenario político nacional ha registrado nuevos cuestionamientos en torno a la actuación gubernamental. El expresidente y líder de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, manifestó este domingo desde Jarabacoa, La Vega, que la administración actual carece de legitimidad para renegociar las condiciones del tratado DR-CAFTA en relación con el sector arrocero. El exmandatario basó su posición en las importaciones que, según su denuncia, fueron autorizadas durante la contienda electoral de 2024, argumentando que dichas decisiones afectaron la postura del Estado dominicano frente a las autoridades estadounidenses.

En un frente distinto, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) también ha sido objeto de críticas internas. El dirigente político Guido Gómez Mazara envió una comunicación formal a la dirección ejecutiva de su partido, incluyendo al presidente Luis Abinader, expresando su preocupación por el clima político interno. En el documento, fechado el pasado 13 de octubre, solicita la implementación de un protocolo ético que regule las aspiraciones presidenciales de cara al año 2028.

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Gómez Mazara advirtió sobre los riesgos que, a su juicio, implica el proselitismo anticipado dentro de la organización oficialista. El dirigente señaló supuestas irregularidades, tales como el uso de recursos estatales para promover candidaturas particulares, la presión ejercida sobre funcionarios y militantes, y la realización de actividades proselitistas durante horarios laborales.

El dirigente oficialista enfatizó que, si bien las aspiraciones presidenciales son legítimas dentro de la democracia interna, su gestión debe evitar que el aparato estatal sea percibido como patrimonio de sectores específicos. Según Gómez Mazara, estas dinámicas podrían generar perturbaciones en la unidad del partido y un posible rechazo social ante la percepción de que las responsabilidades gubernamentales están siendo desplazadas por la promoción de proyectos políticos. Hasta el momento, las autoridades gubernamentales y la dirección partidaria no han emitido una respuesta detallada a estos planteamientos.