Sector arrocero ante el vencimiento del plazo de desgravación del DR-CAFTA
El Gobierno dominicano mantiene el freno a las importaciones de arroz mientras busca acuerdos con los productores locales ante la entrada en vigor del libre mercado.
La entrada en vigor de la desgravación arancelaria del arroz, pactada bajo el acuerdo comercial DR-CAFTA, ha generado un escenario de incertidumbre para la producción nacional. Según los términos del tratado, el país se comprometió a eliminar progresivamente los aranceles a este cereal, estableciendo que desde enero de 2025 el arroz proveniente de Estados Unidos podría ingresar al mercado dominicano libre de gravámenes.
Este proceso de apertura ha puesto en evidencia las preocupaciones del sector agropecuario, que advierte sobre las marcadas diferencias competitivas frente a la producción estadounidense. Mientras los productores locales señalan desafíos vinculados a la mecanización, el acceso a financiamiento y la tecnología, se destaca que los agricultores extranjeros operan bajo estructuras de subsidios, seguros agrícolas y economías de escala que, según las críticas, colocan a los productores criollos en una situación de desventaja comercial.
En respuesta a esta situación, el Gobierno dominicano ha decidido detener temporalmente las importaciones de arroz desde Estados Unidos. Esta medida se ejecuta en el marco de una serie de conversaciones entre el Ministerio de Agricultura y los productores locales, con el objetivo de evaluar las condiciones de competencia y proteger los empleos vinculados a este rubro alimentario.
El debate actual se centra en si el periodo de transición de veinte años, otorgado por el acuerdo, resultó suficiente para que el sector arrocero lograra la competitividad necesaria. Aunque se reconocen avances en la producción nacional para el abastecimiento del consumo interno, diversas voces señalan que el apoyo brindado durante estos años no ha logrado equiparar las capacidades de los productores locales frente al mercado internacional, lo que mantiene la necesidad de revisar los programas de acompañamiento y políticas agropecuarias del Estado.